Nueva York.- La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado una resolución presentada por Palestina que pide a Israel que ponga fin en un plazo de 12 meses a su «presencia ilegal en el territorio palestino ocupado».
También que cumpla «sin demora» sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional, incluidas las estipuladas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la Franja de Gaza.
La votación se ha saldado con 124 votos a favor –entre ellos el de España– y 43 abstenciones, así como con los votos en contra de 14 países, entre ellos Estados Unidos, Israel, Argentina, Hungría, Fiyi, Nauru, Malaui, República Checa, Micronesia, Tonga, Tuvalu, Papúa Nueva Guinea, Palau y Paraguay.
El texto pide a Israel que «retire sus fuerzas militares del territorio palestino ocupado, incluyendo el espacio aéreo y marítimo», así como que ponga fin a sus «políticas y prácticas ilegales», como a sus actividades de asentamientos. En este sentido, exige la evacuación de los colonos y el desmantelamiento del muro construido por Israel.
De la misma forma, insta a las autoridades israelíes a «derogar toda legislación o medida que mantenga esta situación ilegal, incluyendo aquellas que discriminan a los palestinos, así como aquellas que buscan modificar la estructura demográfica, composición, carácter y estatus de cualquier parte del territorio palestino».
Nombra también las medidas que «violan el histórico ‘statu quo’ de los lugares sagrados en Jerusalén». Igualmente, se hace referencia a la «devolución de tierras y otros bienes inmuebles», así como a «activos incautados a cualquier persona física o jurídica desde su ocupación en 1967», lo que incluye también los «bienes culturales tomados a palestinos e instituciones palestinas».
Otro de los puntos exige a Israel «que los palestinos desplazados durante la ocupación puedan volver a su lugar de residencia original», así como también «reparar el daño causado a las personas de los territorios palestinos ocupados».
La resolución insta además a cumplir «de inmediato» a Israel con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional, especialmente en lo que respecta a las decisiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la Franja de Gaza.
Asimismo, exhorta a los países a «abstenerse de mantener relaciones con Israel en todos los casos en que se considere actuar en nombre del territorio palestino ocupado». En esta misma línea, pide no «entablar relaciones económicas o comerciales» con las autoridades israelíes por la posibilidad de que esto «consolide su presencia ilegal», incluyendo los asentamientos.
En este sentido, pide «abstenerse en el establecimiento y mantenimiento de misiones diplomáticas en Israel, de cualquier reconocimiento de su presencia ilegal en el territorio palestino, incluso en las misiones diplomáticas en Jerusalén, de conformidad con la resolución 478 de 1980, que condena el intento de anexión de Jerusalén Este por parte de Israel y la declaración unilateral de Jerusalén como su capital.
Además, hace un llamamiento a los países a «tomar medidas para cesar la importación de cualquier producto originario de los asentamientos israelíes, así como el suministro o transferencia de armas, municiones y equipo a Israel» en los casos en los que haya «motivos razonables para sospechar que pueda utilizarse en territorio palestino ocupado».
De igual forma, alude a la aplicación de «sanciones, incluyendo prohibiciones de viajar y congelación de activos», contra «personas físicas y jurídicas dedicadas al mantenimiento de la presencial ilegal de Israel en territorio palestino ocupado», incluso en relación con la violencia de los colonos».
Si bien el resultado de la votación no es vinculante, habitualmente se considera que tiene un peso político importante al mostrar la postura de la comunidad internacional en su conjunto.
«TEATRO POLÍTICO», SEGÚN ISRAEL
El portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, ha calificado la sesión de este miércoles en la Asamblea General de «teatro político» y ha asegurado que esta decisión «alienta el terrorismo y perjudica las posibilidades de paz».
La decisión de la Asamblea General refuerza y fortalece a la organización terrorista Hamás y al Estado terrorista iraní que la respalda. La resolución envía el mensaje de que el terrorismo es rentable», ha subrayado en la red social X.
Asimismo, ha acusado a la Autoridad Palestina de «no estar interesada en la paz» y de buscar únicamente «difamar a Israel». «La decisión de la Asamblea General socava también las bases de cualquier intento de promover una solución pacífica al conflicto», ha sentenciado.
Marmorstein ha indicado que el texto «cuenta una historia unilateral y ficticia en la que no se producen innumerables ataques terroristas asesinos contra los ciudadanos del Estado de Israel». En este sentido, ha nombrado los ataques de las milicias palestinas del 7 de octubre de 2023.
«MOMENTO HISTÓRICO»
Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Palestina ha descrito esta resolución como «crucial e histórica» tanto para la causa palestina como para el Derecho Internacional y ha agradecido a los países su voto favorable al texto.
«Esta resolución, considerada como un faro de esperanza por el pueblo y los dirigentes palestinos en medio del genocidio en curso, es un paso fundamental para exigir a Israel que rinda cuentas por su sistema colonial y de apartheid», ha precisado en un comunicado.
El Ministerio de Exteriores palestino ha valorado que «más de dos tercios de los Estados miembros han votado a favor», lo que «refleja un consenso mundial» de que «la ocupación debe terminar».
«El Ministerio insta a los países que no han apoyado la resolución a que reconsideren sus posiciones y se unan al lado correcto de la historia. También subraya que la vacilación en tales asuntos alienta a más crímenes, como lo demuestran el genocidio y la crisis humanitaria en curso en Gaza, Cisjordania y Jerusalén», ha dicho.