El crecimiento del tamaño del gobierno en la República Dominicana es un tema crítico al considerar cualquier reforma fiscal. Un gobierno sobredimensionado que incrementa el gasto corriente sin mejorar su funcionamiento puede convertirse en una carga para la economía. Esto afecta negativamente la sostenibilidad fiscal y reduce los recursos disponibles para inversión en áreas clave como infraestructura, educación y salud, lo cual es fundamental para el desarrollo del país.
En 2019, el aparato gubernamental ya era considerablemente grande. Según indicadores clave, el gasto público del gobierno central representaba aproximadamente un 18-19% del PIB. Este gasto incluía tanto el gasto corriente, como salarios y operación de la administración pública, así como el gasto de capital, que abarca inversiones en infraestructura y programas de desarrollo.
Según datos del Ministerio de Administración Pública, la nómina del sector público en 2019 era de aproximadamente 600,000 empleados. Esto significaba que una gran parte del gasto público se destinaba a salarios y prestaciones del sector público. Para 2024, se reporta un aumento significativo tanto en el gasto público como en la cantidad de empleados del Estado.
El gasto del gobierno central ha crecido hasta alcanzar aproximadamente el 21-22% del PIB. Este aumento ha sido impulsado por el crecimiento del gasto corriente. La nómina del sector público ha aumentado a más de 700,000 empleados, lo que implica un incremento considerable del personal en la administración pública. Este aumento ha llevado a un incremento significativo en el «gasto corriente», que incluye salarios y costos operativos.
Un gobierno debe ser lo suficientemente grande para proveer servicios esenciales y garantizar el bienestar de su población. Sin embargo, un crecimiento desmedido sin mejora en la calidad de los servicios públicos ha generado serias problemáticas. Esto crea presión sobre el presupuesto nacional. Un gobierno grande requiere más recursos para funcionar, lo que implica una mayor asignación de fondos para el gasto corriente en lugar de la inversión pública.
Riesgos
Esto limita la capacidad estatal para invertir en infraestructura y programas de desarrollo social. Si el crecimiento del gobierno no está respaldado por un crecimiento equivalente en la recaudación de ingresos, esto puede llevar a un déficit fiscal. Un déficit persistente implica tomar más préstamos para cubrir el presupuesto, aumentando el endeudamiento estatal.
En República Dominicana, la deuda pública ha sido una preocupación constante. Mantenerla bajo control es vital para evitar una carga excesiva sobre futuras generaciones. Un gobierno sobredimensionado puede resultar también en burocracia excesiva y procesos lentos, afectando la productividad del sector público.
Más empleados no necesariamente se traducen en mejores servicios si no existe una estructura clara de responsabilidades y una cultura de gestión eficiente. Además, esto reduce la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales. Un gobierno grande puede competir con el sector privado por recursos como mano de obra calificada.
Esto puede aumentar los costos laborales y reducir la competitividad privada. También puede limitar las oportunidades de inversión privada. Dado este contexto, una «reforma fiscal responsable» debe abordar el tamaño gubernamental con una estrategia clara.
En lugar de expandirlo continuamente, debe enfocarse en racionalizar el gasto público mediante auditorías exhaustivas y optimización de recursos. El gasto en salarios y beneficios públicos debe ser revisado y ajustado. Implementar políticas de contención del gasto es fundamental para evitar mal uso de recursos y mejorar la eficiencia del gasto público.
Reforzar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas es esencial para mejorar la eficiencia del gasto público. La reforma fiscal debe redirigir el gasto desde lo corriente hacia la «inversión pública», crucial para impulsar crecimiento económico a largo plazo.