El Ministerio de Educación es que paga las pensiones de los docentes.
Al 2030 consumirán el 12% del presupuesto del Minerd mientras el patrimonio de Inabima se ha multiplicado 18 veces la cantidad cotizantes se ha duplicado
Arismendy Díaz Santana, experto en seguridad social, califica de “piñata” lo que sucede con las pensiones de los docentes que están cargadas al Ministerio de Educación (Minerd) al margen de la ley, ya que deben ser cubiertas por el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima).
Deplora que esto crea desigualdad con miles de envejecientes pobres que esperan por una pensión solidaria de 6,000 “pesitos”; más de 120,000 pensionados del Estado ven reducir su calidad de vida porque su pensión no se actualiza como dispone la Ley 87-01 y miles carecen de seguro de salud.
Señala que en tanto esto sucede estudios revelan las deficiencias en la formación de los alumnos del sistema público, luego de una década de entrega del 4% para la educación, y los maestros disfrutan del increíble privilegio de recibir pensiones totalmente pagadas por el Estado, en adición al 8% mensual que aporta como empleador.
El plan de pensiones de los docentes garantiza una pensión del 100% con 30 años de cotización, sin mínimo de edad; un 90%, con 25 años de aportes y 55 de edad, y un 85% con 20 años de labor y 60 de edad. “Este plan sería una maravilla si se pudiese aplicar a todos los dominicanos, dejando de ser un irritante privilegio”, expresa Díaz.
ello no se prive a los demás dominicanos de sus legítimos derechos”.
Díaz afirma que el modelo del Inabima no es replicable a nivel nacional porque es imposible universalizar un déficit infinito; debido a que supondría una cotización del 20%, arruinando a las pequeñas y microempresas y/o elevando más la carga fiscal; y porque prestaciones tan elevadas sólo pueden beneficiar a minorías muy poderosas.
“Ese plan es tan excluyente que no protege al personal técnico y administrativo, como si éstos no fueran parte integral del sistema educativo”.
Recuerda que una evaluación actuarial del 2018 concluyó que, de mantenerse el actual esquema, el gasto en pensiones y jubilaciones representaría un 12 %