La entrevista a Juana Barceló, Presidenta de Barrick Pueblo Viejo, se había pautado antes de los sucesos del 8 de enero, cuando policías y militares se enfrentaron a un grupo de manifestantes que bloqueaban la vía pública de acceso a vehículos de la empresa minera. La conversación se replanteó ante esos hechos, aunque no se evitaron los temas que la habían motivado.
2025 es un año importante para el sector: el gobierno se ha propuesto crear una empresa pública minera, hay interés (no solo local) por las tierras raras del sur del país, la nueva Ley de Minería, la situación de Falcondo… Además, la suspensión de la reforma fiscal obliga a cuidar más los impuestos que pagan estas compañías y con la llegada de Joel Santos al Ministerio de Energía y Minas se empezaron a mover asuntos estancados, como el estudio ambiental para el proyecto Romero. Desde el sector, se destaca la capacidad de diálogo que ha mostrado el ministro.
¿Quién y por qué inició los sucesos del 8 de enero?
El reasentamiento de las comunidades que se van a ver afectadas por la nueva presa de cola no ha comenzado todavía. Con eso aclaro que no ha habido ningún desalojo, como se ha querido decir. Llevábamos seis meses con incidentes de ocupación de la vía pública y hablando y negociando con los instigadores. La policía actuó para restablecer la libertad de tránsito y fue atacada con piedras. Pero también hay vehículos con disparos y un policía resultó herido en la cabeza.