Años vienen y van y el proyecto de ley que busca evitar que reclusos participen en hechos delictivos desde sus celdas mediante el uso de teléfonos continúa en prueba.
Así lo indicó el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Hernández Basilio, quien señaló que el proyecto sigue en pie pero está en “plan piloto”.
Las cárceles que han sido incluidas en la primera etapa de prueba para las restricciones de la señal telefónica son el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, La Vega, el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-14 de Anamuya, en Higüey, Kilómetro 15 de Azua y Rafey en Santiago.
Para la fase de prueba, Hernández Basilio se ha donado RD $300 millones de pesos; luego de que termine el proceso de prueba, pasará a Ley de compras y contrataciones y, tras su aprobación, entrará en vigencia. Sin embargo, continúa sin fecha de inicio.
No es el primer intento
La aplicación de la iniciativa en las distintas cárceles del país no es un asunto reciente, pues desde el 2011 se ha intentado implementar el bloque de señal, pero fue un intento fallido.
Luego, en 2014, se implementó un sistema de bloqueo en la cárcel pública del kilómetro 15 de Azua. Cinco años después, se puso en marcha un plan piloto en la cárcel de La Victoria, uno de los centros penitenciarios con más reclusos en el país. Para el 2020, el Gobierno reafirmó su compromiso de instalar tecnología para bloquear celulares en los recintos carcelarios.
El proyecto de restricciones telefónicas en las cárceles se lleva a cabo por la Procuraduría General de la República (PGR), la Dirección General de Prisiones y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel); esto es para garantizar que las cárceles y centros de corrección cuenten con los equipos e infraestructuras que eviten las llamadas telefónicas y la transferencia de datos o imágenes.