POR YANIO CONCEPCION
La República Dominicana se enfrenta a una reforma tributaria necesaria, debido a que históricamente el desarrollo económico se ha sustentado en la deuda pública, una estrategia insostenible a largo plazo. Aunque el gobierno ha trabajado en una reforma, no se ha cumplido con la promesa de un pacto fiscal integral, que incluya tanto el gasto público como las recaudaciones.
La actual propuesta de Reforma Fiscal implica un aspecto preocupante para el sistema cooperativo por la posible eliminación de los incentivos fiscales a las cooperativas de ahorro y crédito, instituciones que han jugado un papel clave en la inclusión financiera del país. Las cooperativas han construido relaciones de fidelidad con más de 2 millones de ciudadanos, y representan casi el 20% de la población dominicana, especialmente en zonas rurales y marginadas.
Estas cooperativas no sólo tienen un impacto económico, sino también un rol social importante, ofreciendo financiación a microempresarios y pequeños productores agropecuarios. La Ley No. 127-64, que otorga a las cooperativas exenciones fiscales, ha sido fundamental para su crecimiento. La reforma propuesta, sin embargo, amenaza con eliminar estos beneficios, lo que afectaría su capacidad de seguir siendo una alternativa viable para quienes no tienen acceso a la banca tradicional.
El proyecto de modernización fiscal propuesto por el Ministerio de Hacienda tiene varias implicaciones para las personas físicas y las cooperativas:
Declaraciones juradas para personas físicas: La obligatoriedad de presentar declaraciones para aquellos con ingresos superiores a DOP$624,329 anuales generará un costo adicional, ya que muchas personas deberán contratar a un contador para cumplir con este requisito. Esto incluye a los asalariados, quienes también se verán afectados por la nueva tasa del 27% para ingresos anuales mayores a DOP$2.4 millones.
Disminución del monto exento para el Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria (IPI): Este impuesto se aplicará a propiedades con un valor superior a DOP$5 millones, lo que implica un costo adicional para muchos contribuyentes, especialmente con la revalorización de los inmuebles.
Gravamen a los ahorros: Se mantendrá el gravamen sobre los intereses de los ahorros, lo que desincentiva el ahorro personal y genera una carga adicional para quienes no pueden beneficiarse de la devolución de impuestos.
Entidades sin ánimo de lucro: Solo estarán exentas del impuesto sobre la renta si no distribuyen excedentes a personas físicas o jurídicas. Esto afectará directamente a las cooperativas, que reparten sus excedentes entre sus asociados 27%.
Impuesto sobre los activos: Las cooperativas deberán pagar este impuesto si es mayor que el impuesto sobre la renta 1%.
Si se eliminan los beneficios fiscales de las cooperativas, como la exención de impuestos sobre los excedentes, estas entidades verán reducidos sus márgenes operativos, lo que afectará tanto a sus asociados como a las comunidades que dependen de sus servicios. Además, se verán obligadas a pagar impuestos sobre la renta y sobre los activos, lo que disminuirá su capacidad de reinvertir en proyectos comunitarios y en la mejora de la calidad de vida de sus miembros.
El aumento de los impuestos sobre los ingresos salariales y la obligatoriedad de las declaraciones juradas anuales también afectará a los colaboradores de las cooperativas, especialmente a aquellos con salarios superiores a DOP$52,000 mensuales.
Es esencial que las cooperativas mantengan el régimen de exención fiscal que han disfrutado desde la promulgación de la Ley No. 127-64, incluyendo la exoneración de impuestos sobre los excedentes distribuidos a los asociados. Asimismo, deben seguir bajo la supervisión tributaria de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para cumplir con la legislación vigente.
Si bien la reforma fiscal busca generar más ingresos para el Estado, es necesario que se enfoque también en la racionalización del gasto público, en la eficiencia del cobro de los tributos, y en minimizar el impacto sobre las clases media y baja, así como sobre las cooperativas, que han demostrado ser una herramienta vital para el desarrollo socioeconómico del país.
Es fundamental que los legisladores consideren los efectos negativos que esta reforma podría tener en las cooperativas y en las personas a las que sirven, y actúen en defensa de estas instituciones que promueven la economía popular, social y solidaria amparada por la Constitución de la Republica.
Escenario: impuestos para las cooperativas
Según la propuesta de ley de Modernización Fiscal 2024 “las organizaciones sin fines
de lucro gozarán únicamente de la exención del Impuesto sobre la Renta, siempre y
cuando los beneficios que se produzcan por sus operaciones no sean distribuidos
como dividendos a personas físicas o jurídicas.” En este caso las Cooperativas
deberán pagar el 27% de Impuesto sobre la Renta, y solo se pagará el Impuesto sobre
los Activos (1%) cuando este supere el Impuesto sobre la Renta.
En el caso de que el monto del Impuesto sobre Activos sea superior al importe del
Impuesto sobre la Renta, la cooperativa pagara la diferencia de estos a favor del fisco
en dos cuotas por concepto de Impuesto sobre los activos.
Escenario: impuestos a una cooperativa X
Este escenario determina el promedio de activos totales de RD$ 12,631,023,682
tomando como base los activos totales de las 26 cooperativas del Ranking de
Cooperativas y bajo el supuesto de tener un ROA de 6% para un monto de excedentes
de RD$ 757,861,421. En este escenario el impuesto sobre los activos del 1% seria de RD$126,310,237 y el Impuesto sobre la renta a pagar del 27% seria de RD$204,622,584, por lo que como el monto de impuesto sobre activos no excede el valor del impuesto sobre la renta, solo aplicaría el pago de Impuestos Sobre la Renta.
Esto significa que el monto mínimo a pagar es el 1% del total de activos y si distribuyen excedentes se pagaría el 27% en impuesto sobre la renta.