Caso Camaleón, entre el terrorismo y el desfalco

La operación Camaleón, ejecutada desde el Ministerio Público para investigar una supuesta red de corrupción, relata en la solicitud de medidas de coerción que al menos siete personas estuvieron involucradas en un proceso que se inició con una licitación fraudulenta en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y que sigue con serios señalamientos de terrorismo, espionaje, crimen organizado, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y desfalco.

Mañana, en una audiencia para debatir la pertinencia o no de imponer medidas de coerción a los siete encartados, el Ministerio Público pretende demostrar que el exdirector del Intrant, Hugo Beras; José -Jochi- Gómez, Frank Díaz, Samuel Baquero, Juan Francisco Álvarez, Pedro Vinicio Padovani y Carlos José Peguero, pertenecieron a una estructura ilícita para beneficiar a la empresa Transcore Latam con el manejo de los semáforos en la capital, lo que desencadenó en actos de espionaje y sabotaje.

El eje de la operación Camaleón es la licitación pública en la que se adjudicaron más de 1,317 millones de pesos para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo. De acuerdo con la solicitud de medidas de coerción, este contrato fue manipulado desde su inicio para favorecer a la empresa señalada, que no tenía capacidad técnica real para ejecutar el proyecto.

Las empresas Transcore Latam, Aurix e Inprosol supuestamente fueron creadas para ganar la licitación y desviar fondos públicos. Estas compañías, que no cumplían con los requisitos técnicos exigidos, se habrían beneficiado de contratos millonarios gracias a la manipulación del proceso de licitación orquestada desde dentro del Intrant.

Una vez adjudicado el contrato, Transcore Latam tomó el control de la red semafórica y del sistema de videovigilancia de Santo Domingo. Esto no solo le permitió manejar el tráfico de la ciudad, sino también instalar equipos de monitoreo en lugares estratégicos, lo que comprometió gravemente la seguridad vial del país, de acuerdo con el relato del Ministerio Público.